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Aquellos que soliciten visas de Estados Unidos y tarjetas de residencia, ahora se enfrentarán a una evaluación basada en ingresos, activos, condiciones de salud, cobertura de seguro y uso anterior de beneficios públicos.

El 24 de febrero de 2020, entraron en vigencia las nuevas reglas de “carga pública” para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS).

Los solicitantes de visas y las personas que buscan la residencia permanente (tarjetas verdes o “green cards”) ahora deben proporcionar información y documentos adicionales al USCIS y DOS como parte de sus solicitudes. Las nuevas reglas serán aplicadas a los solicitantes que presenten peticiones a partir del 24 de febrero de 2020.

¿Quién se ve afectado por estas nuevas reglas?

Esto incluye la mayoría de los tipos de visas y tarjetas de residencia basadas en lazos familiares o empleo. Algunos solicitantes están exentos de las nuevas reglas de “carga pública”, incluidos los solicitantes de visa U o T, aquellos con Estatus de Protección Temporal, Inmigrantes Juveniles Especiales, asilados y refugiados, y los solicitantes bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres, la Ley de Ajuste Cubano, la Ley de Ayuda para Nicaragua y Centroamérica y la Ley de Equidad de Inmigración de Haití.

El USCIS procesa las solicitudes de visas y tarjetas de residencia realizadas en los Estados Unidos, incluido el ajuste de estatus. El DOS procesa las solicitudes de visas y tarjetas de residencias que pasan por los consulados y embajadas de los EE.UU. Las reglas de “carga pública” de ambas agencias implican una prueba de 20 factores que analiza la edad, la salud, el estado familiar, el estado financiero, la educación, la clasificación de visa solicitada y cualquier declaración jurada de apoyo de los patrocinadores.

La causal de inadmisibilidad por “carga pública” para inmigrantes a los Estados Unidos existe desde hace décadas. Sin embargo, estas nuevas reglas prevén una revisión mucho más intensa de los antecedentes personales de los solicitantes de visas y tarjetas de residencia que la que se había implementado anteriormente.

¿Qué factores son considerados en la nueva prueba de “carga pública”?

El uso de beneficios públicos (incluida la asistencia en efectivo, SSI, cupones de alimentos, viviendas públicas y algunas formas de Medicaid) es considerado durante los 36 meses anteriores a la solicitud de admisión o ajuste de estatus, así como cualquier certificación para recibir beneficios en el futuro. Este uso de dichos beneficios por un total de 12 meses o más durante el período de 36 meses tiene una gran ponderación contra el solicitante si los beneficios públicos fueron recibidos o aprobados después de la fecha de vigencia de las nuevas reglas el 24 de febrero de 2020. Si el público los beneficios fueron recibidos o aprobados antes de esa fecha, solo los beneficios en efectivo y la atención prolongada pagada por el gobierno todavía son consideradas negativamente, aunque no están “muy ponderados”.

Es importante destacar que muchas categorías de beneficios no son considerados “beneficios públicos” según las reglas, incluidos, entre otros, préstamos estudiantiles y subvenciones Pell, Medicaid de emergencia y cobertura para niños y madres embarazadas, cobertura de atención médica de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), compensación laboral, almuerzos escolares y beneficios para miembros del servicio militar.

Otros factores que USCIS y DOS analizarán de los solicitantes de visas y tarjetas de residencia, incluyen afecciones médicas graves que interferirían con la capacidad de los solicitantes de proveer para ellos mismos, la falta de cobertura de seguro médico privado y la falta de trabajo, asistencia a la escuela o perspectivas razonables de empleo futuro a pesar de tener un permiso de trabajo. Los solicitantes mayores de 62 años enfrentarán una consideración negativa si su edad puede interferir con la capacidad de trabajar. La carga negativa se aplicará a los hogares de inmigrantes que ganan menos del 125% de las Normas Federales de Pobreza para el tamaño de su familia.

Los factores positivos que el USCIS y el DOS deben considerar seriamente incluyen los ingresos o activos del hogar obtenidos legalmente de al menos el 250% de las Normas Federales de Pobreza para el tamaño de la familia del solicitante, actuando como guardián principal de un familiar menor, enfermo, anciano o discapacitado fuera los Estados Unidos y el solicitante que tiene cobertura de seguro médico privado durante el período esperado de admisión sin utilizar los subsidios de primas de ACA. El seguro de salud a través de la ACA todavía será considerado positivo para los solicitantes, aunque no “muy positivo” en la prueba de factores múltiples.

¿Los solicitantes de visas y tarjetas de residencia deberán completar formularios adicionales?

Se han emitido nuevos formularios para que los solicitantes proporcionen información extensa sobre su estado financiero y antecedentes relacionados en vista de las nuevas reglas. El USCIS ha emitido el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia. El DOS ha publicado el Formulario DS-5540, Cuestionario de Carga Pública. El USCIS y el DOS utilizarán la información y las pruebas proporcionadas para determinar si es probable que los solicitantes de visa y tarjeta de residencia se conviertan en una “carga pública” en cualquier momento en el futuro.

Las nuevas reglas de “carga pública” no afectan a las personas que renuevan sus tarjetas de residencia existentes, ni a los que solicitan la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, los titulares de la tarjeta de residencia que salen de los EE.UU. por más de 180 días (6 meses) a la vez pueden estar sujetos a una determinación de admisibilidad, incluida una revisión de “carga pública”, al reingresar a los Estados Unidos.

El abogado Joseph Alain Moro asesora y representa a las personas y empresas en todo Estados Unidos y en todo el mundo para que obtengan las visas y tarjetas de residencia. Para obtener más información, contacte a Moro Legal, LLC y programe una consulta con el abogado. Teléfono: +1 (720) 432-3720. Correo electrónico: joseph@morolegal.com.

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